En España hasta las elecciones generales del 1933 las mujeres no podían votar (no eran ciudadano completo –con voz y voto-). Fueron las elecciones del voto femenino: 6.800.00 mujeres pudieron elegir por primera vez a sus representantes.
En Chile las mujeres tuvieron que luchar a través de su movimiento femenino hasta el año 1953 para poder votar.El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks (la «madre del Movimiento por los Derechos Civiles») rehusó levantarse de su asiento en un autobús público para dejárselo a un pasajero blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local de Montgomery capital del estado de Alabama.
Podíamos seguir con estos ejemplos para desmontar la «mentira» y falta de civilidad de jueces y otras autoridad civiles y políticas que impiden votar a más de 80.000 españoles por tener una discapacidad intelectual, una patología mental u otra causa que impide que puedan ejercer su voto por obra y gracia de personas que viven y comen como las demás personas a quienes impiden el voto.
En las pasadas elecciones municipales se eligió como concejala en el Ayuntamiento de Valladolid a Ángela Bachiller, la primera persona con Síndrome de Down que accede a un cargo público. Este hecho ha marcado un punto de inflexión para las personas de este colectivo en la vida pública. Pero es sólo la punta del iceberg de las asociaciones que luchan para que la repetida frase “todos somos iguales” se haga realidad en todos los ámbitos, incluso en algo tan básico y recogido en la Constitución como el derecho a votar.
¿Quien tiene derecho a decidir si otra persona con características similares a Ángela es más o menos lista que usted o yo para meter una papeleta en una urna.?
Si los jueces no saben que decir o que hacer, ¿qué tienen que decir los políticos ante esta aberración?
¿Alguien en su sano juicio cree que nuestros dirigentes no nos engañan con falsas promesas durante su campaña y también posteriormente a la celebración de las elecciones?.
Basándonos en lo anterior no tendríamos derecho a votar nadie, porque no sabemos que van a hacer con nuestro voto (quien vote).
Sonrisas aparte y sin necesidad de profundizar en estos temas, España ha firmado y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la ONU aprobó en el año 2006 y está publicada en el Boletín Oficial del Estado desde 2008. El Gobierno quiere modificar ahora su Código Civil y recoger esos derechos; hasta entonces todo seguirá igual que antes de 2006. Las asociaciones involucradas han enviado sus recomendaciones para esa modificación normativa, que esperan que llegue a lo largo de esta legislatura, tras la promesa incumplida de hacerlo hace siete años.
Este viernes 17 a las 11:30 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y las principales entidades del mundo de la discapacidad, han convocado una concentración cívica frente al Congreso de los Diputados en Madrid.
